Bogotá, Colombia – Un año después de haberse conformado, la llamada Comisión de la Verdad entregó este martes (14) su informe sobre la cruenta toma del Palacio de Justicia de Bogotá, perpetrada por la guerrilla del M-19 el 6 y 7 de noviembre de 1985, hecho que dejó como saldo 55 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema, y 10 desaparecidos, además de la destrucción parcial del edificio. El informe fue divulgado el miércoles (15).
Los ex magistrados de la Corte Suprema José Roberto Herrera, Jorge Aníbal Gómez y Nilson Pinilla, quienes integran la Comisión, encontraron con base en la información recopilada que el extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar les pagó US$2 millones a los guerrilleros del M-19 por tomarse el Palacio, con el fin de presionar a los juristas de la Sala Constitucional que debatían la aprobación de la extradición. El M-19 fue declarado por la Comisión "primer responsable" del holocausto. Los otros dos responsables son el entonces presidente Belisario Betancur y el Ejército de Colombia.
Añadieron que existen indicios de torturas y otras violaciones a los derechos humanos tanto por parte de los guerrilleros, que murieron todos, como de las Fuerzas Militares, que al mando del coronel Alfonso Plazas Vega ejecutaron una violenta retoma y quienes, a juicio de la Comisión, no diseñaron un plan que respetara las vidas de los secuestrados y, por el contrario, al parecer torturaron y mataron a algunas personas que salieron con vida del Palacio. En el informe se dice que "hubo indiferencia por parte de las autoridades que no escucharon el clamor de las víctimas para que se diera el cese al fuego". "El operativo fue tan intrépido como torpe", sostiene la Comisión.
También afirma la Comisión que el presidente Betancur, al decidir no negociar con los insurgentes, a pesar de las súplicas telefónicas del inmolado presidente del tribunal Alfonso Reyes Echandía, se convirtió en un "espectador más" de los hechos, carente de liderazgo y de poder. Los magistrados instaron a los comandantes militares de la época a pedir perdón al país y a entregar toda la información acerca de hechos no aclarados, como el caso de los desaparecidos. Echandía y otros dos magistrados murieron por balas disparadas por los militares, según la Comisión.
El magistrado Herrera confirmó las desapariciones forzadas de los empleados de la cafetería del Palacio y de evidencias contra los militares: "No se descarta que sus cadáveres hubieran sido llevados al basurero Mondoñedo o sepultados en fosas comunes Se incineraron algunos cadáveres, se lavaron otros, se les despojó de sus prendas, se ordenó a algunos bomberos trasladarlos de la escena del crimen, junto con elementos materiales, algunos de los cuales se barrieron, quedando destruidas huellas o eliminadas valiosas pruebas".
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